Asegurarse un segundo semestre de recuperación

El Gobierno había perdido la iniciativa política cuando la oposición y los sindicatos avanzaron con la llamada ley anti despidos y, para peor, el dato de nivel de actividad de abril fue mucho más negativo de lo esperado. Con ese guarismo, si la producción de bienes y servicios se mantenía estancada hasta fin de año, entonces el PIB de 2016 habría de mostrar una caída superior al 2 % respecto de 2015.

Esta combinación de factores posiblemente llevó al Gobierno a adelantar la presentación de la propuesta de reparación a unos 2,2 millones jubilados, en un paquete que incluye también la creación de un régimen de pensión universal, el blanqueo de capitales y la fórmula para restituir a las provincias el 15 % que venía reteniendo la Anses de la masa coparticipable. Si a esto se suma la anunciada decisión de recuperar terreno perdido en materia de obra pública, se percibe que las autoridades han optado por no esperar a la inversión privada para asegurarse un segundo semestre de recuperación.

El blanqueo, por exitoso que resulte, cubriría los gastos del retroactivo a jubilados, por lo que el problema fiscal y el tipo de cambio, que preocupa a muchos industriales, seguirían generando interrogantes sobre la sustentabilidad del proceso. Sin embargo, los indicadores de riesgo país no convalidan por el momento estas preocupaciones ya que, por ejemplo, el spread que paga el Bonar 24 se ha seguido recortando, desde 560 puntos a principios de mayo, a casi 490 puntos básicos, en el arranque de junio mostrando quizá que el “factor gobernabilidad” predomina en la ecuación de los inversores por sobre las dificultades para reducir el déficit presupuestario.

Termómetro

A juzgar por las señales más recientes del Gobierno, los funcionarios han pasado a preocuparse más por el nivel de actividad que por la marcha de la inflación.

Aun cuando los datos de suba de precios siguen generando alertas, el Banco Central ha iniciado el proceso de descenso de tasas de interés (Lebacs) a un ritmo acentuado, por encima de 3,75 puntos porcentuales en poco más de un mes, confiado en el hecho de que las expectativas están a la baja y de que la denominada inflación núcleo ha descendido un nuevo escalón, de 2,8 % en abril a alrededor de 2 % en mayo. Este movimiento no tardará en trasladarse a las tasas de interés que los bancos ofrecen a los ahorristas. Como la reducción del costo del dinero es todavía insuficiente para lograr un rebote del nivel de actividad, el Gobierno ha apelado a la política fiscal para asegurarse un punto de inflexión en algún momento del segundo semestre.

Con el instrumento del gasto se apunta a reactivar la obra pública y a lograr un doble efecto sobre el bolsillo de los jubilados, con un retroactivo para quienes tenían sentencias firmes o habían iniciado juicios, y con una actualización de haberes de entre el 35 y 45 % para un universo de 2,2 millones de personas. Si a esto se suma la creación de la pensión universal, se tiene que, en régimen, los pagos de la Anses habrán de incrementarse en más de un punto del PIB por año, magnitud que habrá de sentirse con creces en los indicadores de consumo.

Por única vez

Aun con toda la legitimidad que tengan estas medidas, no puede dejar de llamar la atención la dificultad que estos anuncios introducen para llevar adelante la meta descendente del déficit fiscal. Un blanqueo extremadamente exitoso ayudaría a disimular estos inconvenientes, pero se trata de ingresos “por única vez”, cuya magnitud, a su vez, no está asegurada. Por eso es relevante monitorear lo que ocurra con la tasa de riesgo país, porque si esta subiera por incertidumbre fiscal, se correría el riesgo de un efecto negativo sobre la inversión privada, que anularía parte del intento oficial.

La “fórmula del segundo semestre” por la que ha optado el Gobierno también tendrá efectos colaterales sobre la trayectoria del precio del dólar. Si ingresan capitales en forma masiva por el blanqueo, el tipo de cambio–que hoy luce insatisfactorio para un número amplio de empresas industriales–no tendrá margen para acercarse a lo que estas consideran de equilibrio.

Donde sí puede haber alivio en términos de actividad y empleos es en el sector construcciones. Si bien esta vertiente es independiente del paquete que se discute en el Congreso, hay numerosas señales respecto de la decisión oficial de intentar recuperar “tiempo perdido” en esta dimensión. Y el tema es que este objetivo puede significar para los siete meses que restan del año un incremento superior a 50 % interanual en pesos corrientes de las partidas de obra pública.

Este guarismo surge de considerar un presupuesto estimativo para 2016 del orden de los 220 mil millones de pesos, de los cuales sólo se habría ejecutado 33 % en los primeros cinco meses del año. En términos de metros cuadrados de obras, de empleo y de consumo de materiales, el incremento debería ser muy significativo, partiendo de que hasta fin de 2015 los pesos aplicados a este sector tuvieron demasiadas filtraciones.

Agosto

Para los cambios que se promueven en el plano de las jubilaciones, los primeros efectos en materia de retroactivos/refuerzo de haberes se esperan para agosto, siempre que no haya tropiezos en el Congreso.

En la medida en que el precio de los granos se mantenga en el andarivel actual en el mercado internacional, que la suba de tasas en los Estados Unidos sea suficientemente gradual y que Brasil comience lentamente a recuperarse tras los cambios de política económica que se implementan, entonces 2016 podría terminar con un panorama bien distinto al de comienzos de año.

De todos modos, ya se ha subrayado que el mejor instrumento ante la volatilidad de las variables externas es el de la competitividad local, pero esta parte de la agenda todavía luce desdibujada.

Quizá las condiciones políticas todavía no han madurado lo suficiente.